Por Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

A lo largo de los años, el Perú ha sabido posicionarse como uno de los destinos más atractivos para la inversión minera, gracias a un sistema de concesiones que destaca por su competitividad, claridad y seguridad jurídica. Estos elementos han sido clave para que nuestro país se mantenga como uno de los líderes en la producción de metales como cobre, oro y zinc. Este marco normativo ha permitido que la minería formal crezca de manera sostenida, promoviendo el desarrollo económico.

En paralelo, debemos entender que estamos en un mundo que avanza hacia una mayor demanda en la producción de metales críticos, por lo tanto, es menester que el país siga fortaleciendo y reinventando las condiciones para garantizar la competitividad ante nuevos países competidores.

El punto de partida para lograr este objetivo pasa por disminuir la excesiva tramitología en el sector, pues la minería formal no solo es pieza clave en el desarrollo económico, sino que contribuye directamente a la generación de empleo, infraestructura y el bienestar de las comunidades.

En ese sentido, saludamos el interés que han demostrado las empresas del sector minero, al realizar una inversión de S/400 millones en 2024 a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Este modelo ha permitido agilizar el avance de importantes proyectos de infraestructura logrando cerrar brechas y mejorando la calidad de vida de miles de peruanos. Sin duda, esta inversión representa una de las formas más efectivas de generar un impacto directo en las comunidades.

Además, este mecanismo, que permite a las empresas mineras invertir directamente en proyectos públicos, se consolida como un ejemplo claro de cómo la minería puede impactar directamente en los peruanos.

Sin embargo, la minería ilegal continúa representando un problema que ensombrece al sector y que no podemos ignorar. Es fundamental que el Estado trabaje sobre dos ejes prioritarios. Por un lado, reforzando la estrategia de control y seguridad y, de otro lado, el firme compromiso para lograr una política nacional de minería.