Más de 140 días de bloqueo de una importante carretera enfrenta la operación minera Las Bambas, lo que dificulta el normal tránsito de los trabajadores, la entrada de insumos para la producción y la salida de concentrados de cobre hacia el puerto de Matarani en Arequipa. Por todo ello, la empresa MMG comunicó hace poco que paralizará sus actividades de explotación a partir de la quincena de diciembre si el problema persiste.

Si bien las manifestaciones cobraron mayor relevancia tras la elección del entonces candidato Pedro Castillo como nuevo mandatario nacional, la génesis del embrollo social se sitúa en distintos momentos de períodos presidenciales anteriores al actual, lo que conlleva a un total de más de 400 días de suspensión de operaciones mineras, situación que ha puesto en la agenda pública el debate sobre el futuro del yacimiento Las Bambas.

En referencia a este panorama, el Ing. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló efectivamente que el conflicto social por Las Bambas no es un problema que nace con este Gobierno, sino que viene de mucho más atrás.

“No obstante, lo que sí tiene ahora el Gobierno [de Pedro Castillo] es la oportunidad de liderar el proceso y llevar la solución por el curso correcto”, según las declaraciones del ejecutivo que fueron difundidas por el Diario La República.

Diálogo bajo el liderazgo del Gobierno

Como presintiendo este desalentador desenlace, en setiembre de este año, Víctor Gobitz, advirtió que la paralización de la unidad minera Las Bambas traería pérdidas económicas en las exportaciones mineras y en la recaudación de impuestos generados por el canon minero.

Dicho y hecho, más adelante se confirmaría que este percance de considerables magnitudes ocasionará una pérdida cercana a los US$ 9 millones diarios en venta de finos de cobre, considerando que la producción estimada de Las Bambas es de 400 mil toneladas por año.

 “Sin duda, una paralización impactaría negativamente a la empresa minera y al país, debido a que detrás de esa producción hay una cadena de proveedores de bienes y servicios, trabajadores que podrían recibir menos ingresos y el Estado también por concepto de regalías mineras”, añadiría, en aquel momento, Víctor Gobitz.

Recientemente, el presidente del IIMP, enfatizó en que las discrepancias entre comunidad campesina y cualquier empresa minera deben resolverse a partir del diálogo, y bajo el liderazgo del Gobierno como mediador y garante de un espacio de entendimiento.

En ese sentido, aclaró también que, bajo ninguna circunstancia, se debe normalizar o pretender interpretar que el derecho de protesta significa mellar los derechos de terceros.

Soluciones de largo plazo

Del lado de las comunidades, existe una agenda de exigencias para un mayor cupo de contratación de trabajadores y proveedores locales. En Chumbivilcas, por ejemplo, solicitan participar en el servicio de transporte para la minera Las Bambas con vehículos propios. Para Víctor Gobitz, esta es na solución inmediata, pero se necesita trabajar en propuestas de mayor plazo.

“Está claro que la solución no pasa por ser rentistas, pues, si vuelves a la población rentista, el día que se acaba la renta la regresa a su situación previa. Volverse contratista, parte de la cadena productiva, es una solución rápida, pero parcial. Hay que reconocer que sí ayuda, pero en el largo plazo no soluciona el problema de fondo”, explicó el presidente del IIMP, según La República. 

De esta manera, incidió nuevamente en que el Gobierno necesita usar su capacidad de liderazgo para enmarcar la visión que se tiene sobre ese territorio en dos o tres décadas más, y en base a eso usar estos recursos para potenciar sus virtudes.