Por: Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El Perú continúa siendo una de las más importantes plazas mineras en el mundo gracias al volumen de sus reservas y la sostenibilidad de sus políticas económicas y jurídicas. 

Sin embargo, para apuntalar el avance de estos dos últimos años, generado por el nuevo boom de los precios de los metales, tanto el Estado como las empresas mineras tienen la tarea en común de afianzar sus estrategias para consolidar las operaciones existentes y encaminar los proyectos en cartera. Ello permitirá seguir incrementando las inversiones mineras en nuestro país, que en el 2017 alcanzaron USD 4,921 millones, un 16% más que el año anterior. 

Para ello debemos enfrentar nuestro principal desafío que sigue siendo las relaciones con las comunidades aledañas a los proyectos. Nuestra misión conjunta es convencer a la población de la necesidad de más proyectos mineros para brindar una mejor calidad de vida a más peruanos.

Según informes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), para el periodo 2018 – 2022, se espera ejecutar unos USD 20,819 millones en inversión; es decir, el 35.6% de la actual cartera de proyectos (USD 58,507 millones). Sin embargo, sino avanzamos en potenciar nuestros programas de acercamiento a la población se corre el riesgo de poner en peligro proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo o Michiquillay.

Por otro lado, en el ámbito laboral, nos preocupan las cifras compartidas por INEI, las cuales muestran que entre enero y marzo del presente año, cerca de 20 mil peruanos perdieron su empleo, incrementándose la tasa de desempleo a 8.1%, su nivel más alto en casi seis años. 

Esperamos y confiamos que dicha situación mejore a mediados de año -como señalan algunos especialistas- con la recuperación de la inversión privada y las nuevas políticas del gobierno del presidente Ing. Martín Vizcarra.

Para finalizar, nos alarma la ausencia de liderazgo y voluntad de acción de los responsables a enfrentar el tema de la minería ilegal. De acuerdo a un reciente reporte del Poder Judicial, en lo que va del 2018, no existe ninguna sentencia condenatoria contra un minero ilegal. Ello se debe a obstáculos para procesar a los miembros de estas mafias.

Como representantes de este gremio profesional minero, comprometidos con el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente, invocamos al Estado a reforzar sus estrategias para abordar dicha problemática.

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