Por: Ing. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Una reciente encuesta nacional elaborada por Ipsos Perú, a nivel urbano, reveló que el 83% de peruanos, considera que el sector minero juega un rol muy importante para contribuir a revertir la grave situación económica y social que vive el país en este momento, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Estos datos reflejan que la población en general tiene una percepción muy positiva sobre la industria minera, una industria que no solo tiene un enorme poder dinamizador, sino que además está presente en los rincones más alejados de nuestro país, promoviendo una verdadera descentralización.

La realidad nos dice que debemos aprovechar al máximo sus efectos multiplicadores para compensar la caída de nuestra economía, que este 2020 sería del orden del 12%. A la fecha contamos con unos diez proyectos mineros de cobre con posibilidad de ser desarrollados, lo cual nos ayudaría con dicho propósito en los siguientes años.

Uno de estos proyectos es Tía María, que está casi listo para su construcción y demandaría una inversión de USD 1,400 millones y aportaría más de 15 mil puestos de trabajos, entre directos e indirectos, en los dos o tres años que dure su construcción. Sería muy importante contar con el desarrollo de más proyectos de cobre, especialmente si tomamos en cuenta que el precio de este metal alcanzaría su pico entre el 2023 y 2024, según proyecciones. 

Otro de estos diez proyectos cupríferos es Integración Coroccohuayco (Cusco) de Compañía Minera Antapaccay, que esta semana sufrió actos vandálicos en su campamento minero, poniendo en riesgo la integridad y salud de sus trabajadores, en medio de las protestas de pobladores de Espinar que exigen un bono económico.

Además, días atrás dos camiones de la empresa minera MMG Las Bambas fueron incendiados por el mismo motivo. Son hechos de violencia que condenamos enérgicamente e invocamos al diálogo para llegar a una pronta solución, entre las partes, con la debida intervención del Estado Peruano.

No se puede ceder a la presión de ciertos grupos violentos que tienen la capacidad de bloquear cualquier proyecto u operación, y que no necesariamente representan a las poblaciones más vulnerables de la zona, que son justamente los que tienen mayor legitimidad de recibir el apoyo que brindan las empresas.  

Finalmente, respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, que se encuentra actualmente en debate en nuestro país, esperamos un análisis más amplio y profundo de nuestras autoridades. Sería importante contar con la mirada de excancilleres, gremios, instituciones y, por supuesto, de la academia, para tomar una decisión acertada.