Por: Ing. Roberto Maldonado, primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

La minería peruana no solo tiene un gran impacto en nuestras exportaciones, en las inversiones privadas, en el empleo o en la recaudación fiscal, sino también tiene una importante influencia en la inversión pública, algo de lo que se habla muy poco en el país.

Según el Mapa Inversiones ‘Perú País Minero’, plataforma virtual elaborada por el Minem y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más de 53 mil proyectos de inversión pública se financiaron con recursos del canon minero, sobrecanon y regalías mineras, desde el 2012, en el Perú.

Una cifra que merece ser conocida por los peruanos, al igual que este tipo de plataformas modernas que nos permiten tener una mejor vigilancia del uso de las transferencias mineras en los proyectos públicos, garantizando y fortaleciendo la transparencia en el acceso a la información y la buena gobernanza.

Este tipo de herramientas, que impulsan la participación ciudadana, son fundamentales para la rendición de cuentas a todos los niveles de gobierno (local, regional y nacional), pues permiten también identificar las brechas de eficiencia en el gasto público y evitar la generación de conflictos sociales. 

De otro lado, esta semana el Banco Central de Reserva (BCR) señaló que el 2021 nuestra economía mejoraría y tendría un crecimiento de alrededor del 11%, en el que sectores claves como construcción, industria y minería tendrían un mejor desempeño.

En el caso del sector minero, apunta que pasaría de una caída de 12.5% en el 2020 a un crecimiento de 14.4% en el 2021, explicado por la normalización de la producción minera, el inicio de operación de Mina Justa (Ica) y la ampliación de Toromocho (Junín). Quellaveco continuará su construcción hasta el 2022.

Vale apuntar que el próximo año también se espera que logren avanzar proyectos como Yanacocha Sulfuros en Cajamarca (USD 2.100 millones), Corani en Puno (USD 579 millones) y San Gabriel en Moquegua (USD 431 millones), los cuales suman una inversión total de USD 3.110 millones.

Finalmente, consideramos que el gobierno peruano no debe ceder en la lucha contra la extracción ilegal -vinculadas principalmente a la extracción de oro- que a pesar, de un contexto de pandemia como el actual ha ido creciendo por el aumento en la cotización de los metales. 

Esta ya no solo se concentra en Madre de Dios, sino que viene avanzando en regiones como Puno y en el resto del país ocasionando no solo daños al medioambiente, sino que también, origina la corrupción y otros delitos. En esa línea, es necesario responder con una propuesta integral, realista y sostenible que nos permita encontrar salidas urgentes a esta problemática.