Por: Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Recientemente concluyó, en Canadá, una nueva edición de la convención minera PDAC, el principal evento de exploración minera a nivel mundial, donde las principales jurisdicciones mineras, entre ellas Perú, mostraron sus mejores atributos ante los potenciales inversionistas globales.

Uno de los puntos a resaltar y que saludamos, tras esta cita, son los mensajes brindados por los representantes del gobierno peruano, encabezados por el primer ministro, quien se comprometió a buscar soluciones para agilizar las inversiones mineras en el país.

Como se sabe uno de los grandes problemas que tenemos como país es que los trámites burocráticos generan muchas veces demoras que terminan afectando no solo las inversiones, sino también a los ciudadanos, pues retrasa el progreso del país en general.

En esa línea, uno de estos compromisos, que esperamos se concreten, es precisamente el liderazgo que asumirá la PCM para resolver la problemática de la permisología y reducir los tiempos para el otorgamiento de permisos vinculados al sector minero.

Para ello se ha anunciado no solo un trabajo coordinado a nivel de todos los ministerios, sino también el respaldo técnico del Banco Mundial para la revisión de los distintos procedimientos administrativos que causan esta dilatación de tiempos.  

Asimismo, en esta convención minera se anunció también medidas para el desbloqueo del Corredor Minero del Sur con el propósito de garantizar la producción y el transporte de concentrados de las minas Las Bambas, Constancia y Antapaccay hacia el puerto de Matarani.

Cada vez que se bloquea este corredor se pone en riesgo no solo el 20% de la producción de cobre a nivel nacional, sino también se afecta la recaudación fiscal y todos los encadenamientos productivos que generan estas tres empresas en el sur peruano.

Apreciamos los esfuerzos que viene realizando el gobierno por mantener el orden en el corredor minero, sin embargo, consideramos que se deben buscar soluciones de mediano y largo plazo, lo cual implica construir desde ya una agenda de desarrollo territorial, e impulsar políticas públicas, que incluyan la diversificación productiva.

Los esfuerzos deben estar también alineados en mejorar la gestión pública, en dotar de más técnicos a estas instituciones estatales y crear métricas que permitan monitorear indicadores socioeconómicos en las distintas zonas mineras. La tarea es echar a andar esta enorme y lenta maquinaria burocrática que hoy tenemos. 

Sin embargo, no solo basta con mejorar los procedimientos y dotar de una mayor cantidad de técnicos al Estado que guíe las políticas públicas, sino también de construir proyectos cohesionadores. Buena parte de las fracturas y problemas estructurales no se resolverán solo con variables o métricas, sino también con consensos y diálogo, como en toda democracia.

Hoy más que nunca necesitamos volver a la idea republicana, recuperar la dimensión de construir un imaginario nacional, y en conjunto abrirnos camino a ese país que tanto anhelamos.