Por: Juan Carlos Ortiz, Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

En los últimos días se dio a conocer que las inversiones mineras tuvieron un crecimiento del 9.2% en el primer trimestre del 2022, respecto al año anterior, según informó el Boletín Estadístico Minero elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

Sin duda, son números alentadores pues reafirman la confianza de las empresas instaladas en el país, más allá de la dura situación que viene atravesando nuestra minería y por ende la economía peruana, con la gran incertidumbre generada por la actual crisis política.

Al respecto, vale anotar que dichas inversiones están enfocadas básicamente en el sostenimiento de la eficiencia y productividad de las actuales operaciones mineras. Es decir, no se trata de nuevas inversiones que busquen aumentar la producción minera actual, sobre todo con un horizonte favorable de precios de los metales.

Hoy lo que necesitamos urgentemente es dar un impulso real a las nuevas inversiones y demostrar que seguimos siendo un país atractivo para la industria minera. Un país que cuenta con ricos yacimientos, un capital humano competente, y un portafolio de proyectos ($ 53 mil millones) que debemos poner en valor para beneficio del país.

Este 2022 se espera un crecimiento anual de alrededor del 3.6%, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2022-2025 elaborado por el MEF, ello debido a las mayores exportaciones mineras y los altos precios de los minerales, entre algunos de los principales factores.

Sin embargo, a un mes de cerrar el primer semestre del año la pregunta es cómo es que se espera llegar a ese objetivo, con los permanentes bloqueos y suspensiones de operaciones mineras. En el caso de Cuajone, se obtuvo una respuesta luego de casi dos meses, y Las Bambas sigue sin solución.

Es importante que desde la PCM y el Minem se propongan y ejecuten las soluciones esperadas y necesarias para superar los actuales conflictos sociales. Así como promover un escenario de estabilidad política con el fin de incentivar la inversión privada.

Otro frente que el Estado debe reforzar es el de la minería ilegal, que viene avanzando en el territorio nacional sin una respuesta certera y realista, que aborde todos los ángulos de esta problemática, y que incluso viene afectando a la minería formal y responsable.

Recientemente un grupo de mineros ilegales saqueó, quemó y destruyó el campamento de la empresa Ares S.A.C. (filial de Hochschild Mining plc), que viene desarrollando el proyecto de exploración minera Azuca, ubicado en la provincia de Antabamba, en Apurímac.

Invocamos al gobierno a poner atención a este tipo de actos ilícitos que tienen como único objetivo tomar el control de las concesiones mineras de empresas formales para realizar minería ilegal, y que se vienen incrementando en diversas regiones, principalmente en las del sur del país. Exhortamos al gobierno a comprometerse con un mayor liderazgo para promover el desarrollo de la minería formal y responsable, y así garantizar un mejor futuro para el país.