Por: Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

En la reciente edición del Boletín Estadístico Minero del Minem, se reportó que la producción de cobre en nuestro país superó los 2.45 millones de toneladas métricas finas (TMF) en el 2019, lo cual significó un crecimiento de 0.8% con respecto a 2018.

Este incremento representó también nuestro mejor desempeño de la última década, con un aumento de 96.9% respecto a lo reportado en el 2010. Lo que quiere decir que en los últimos diez años logramos duplicar nuestra cuota cuprífera.

Y dicho crecimiento se debe principalmente al aporte de importantes empresas como Sociedad Minera Cerro Verde (19.3%), Compañía Minera Antamina S.A (18.7%), Southern Peru Copper Corporation (16.9%) y MMG Las Bambas (15.6%), que son responsables del 70.5% de producción del metal rojo en el país.

La pregunta es, si vamos a poder duplicar nuestra producción en un horizonte similar. Visiones optimistas como la planteada en el libro “Cobre. El futuro del Perú”, publicado recientemente por Cimade, señalan que podríamos sobrepasar tranquilamente los 5 millones de toneladas de cobre fino al 2035, si generamos las condiciones idóneas.

Pero es evidente que nuestra industria minera enfrenta enormes desafíos para lograr su plena potencialidad en los próximos años. Uno de ellos justamente es el tema de conflictividad social que lo vivimos permanentemente. El caso del Corredor Minero es un ejemplo.

¿Qué hacer ante ello? Algunos especialistas plantean enfrentar esta problemática transformando los conflictos sociales bajo un enfoque de desarrollo territorial, que significa pensar en el desarrollo más allá del área de influencia de los proyectos y operaciones, que es lo que se ha venido haciendo hasta el momento.

Este enfoque de desarrollo territorial (concertado) podría tener un alcance regional, provincial o distrital, dependiendo del tamaño de las empresas, lo cual no implica que las empresas deban aportar todos los fondos para el progreso de determinado territorio, sino que requiere coordinación con el Estado.

La solución de esta problemática también necesita una mirada prioritaria a los grupos más vulnerables, es decir a los más pobres, que no son precisamente los que paralizan los proyectos u operaciones, pero que tienen más legitimidad de recibir el apoyo de las empresas e instituciones por su condición.

Sin duda, este es un tema que merece una mayor atención y extensión, por ello será una de las temáticas que se abordará en el marco del I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, a desarrollarse del 6 al 8 de julio, en el Centro de Convenciones de Lima, y congregará a los principales decisores del ámbito público y privado, vinculados al sector.