Por: Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Lima, 20 de noviembre de 2023. La inversión pública actúa como un habilitador crucial para la inversión privada. La relación simbiótica entre ambas es evidente: la inversión privada genera los recursos fiscales necesarios para la inversión pública, la cual, a su vez producie multiplicadores esenciales para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano mediante servicios sociales e infraestructura, fortaleciendo así la competitividad y atrayendo más inversión privada generadora de empleo.

La preocupación por la salud de la economía del país es un tema que ha sido ampliamente abordado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Entre los diagnósticos y propuestas presentados, se destaca a la minería como un antídoto central para recuperar la estabilidad y energía de nuestras épocas más prósperas, cuando experimentábamos un crecimiento superior al 6%. Para impulsar de manera efectiva la minería, es crucial garantizar la predictibilidad de los permisos, agilizar la formalización minera y combatir la minería ilegal; así como asegurar un desarrollo territorial urgente y significativo para las comunidades.

Y aunque en el Perú se ha aprendido a generar recursos fiscales mediante la inversión privada, aún falta lograr los multiplicadores necesarios para un desarrollo humano inclusivo y equitativo. Esto requiere un liderazgo político sólido y arreglos institucionales que aseguren el desarrollo territorial en las zonas mineras.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), las transferencias de recursos económicos generados por la minería hacia las regiones, a traves del canon, regalías y derechos de vigencia, sumaron a octubre más de S/ 7,553 millones, un 8% adicional respecto a setiembre. Sin embargo, sin una inversión pública diligente y transparente, no se podrá atraer inversión privada de manera sostenida.

Pese al incremento de la cifra, necesitamos exhortar a las autoridades a ser más eficientes con la gestión de los fondos, mayoritariamente provenientes de nuestra industria. El cumplimiento del gasto público a octubre registra un avance de 71.3% a nivel de los gobiernos regionales y 54.2% a nivel de los gobiernos locales, conforme al portal web de Consulta Amigable. Y para ello es necesario impulsar la responsabilidad en la planificación, ejecución y supervisión del presupuesto, especialmente en tiempos de recesión económica.

Adicionalmente, según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), en los últimos 5 años, se dejaron de invertir S/ 102 mil millones. Este monto podría cerrar brechas en Educación, Salud y agua. Así mismo, el Estado mantiene 433 compromisos pendientes en el Corredor Vial Sur, los cuales confiamos puedan ser priorizados en el presupuesto nacional 2024. Es imperativo ser conscientes al destinar fondos, alineándolos con los reclamos reales de la población y abordando las brechas de infraestructura a corto plazo que ascieneden a S/ 117 mil millones, según el PNIC 2022-2025.

En cuanto a los permisos, se espera que la Ventanilla Única Digital (VUD) inicie su funcionamiento en diciembre, como se ofreció en CADE, proporcionando predictibilidad a los procedimientos para la aprobación de proyectos mineros, que hoy requieren de 43 permisos, licencias, autorizaciones, opiniones y certificaciones.

Dicho esto, reafirmamos la necesidad de buscar una salida positiva, pero con llamado de urgencia, para sacar adelante esta oficina con los funcionarios y capacidades adecuadas, con miras a dinamizar el sector. Esto es crucial, especialmente cuando la inversión en exploración minera se redujo de US$950 millones a US$428 millones en la última década, según la SNMPE.

La formalización minera y la lucha contra la minería ilegal son tareas impostergables. Con el pronóstico del oro por encima de los 2000 dólares por onza y las condiciones actuales de recesión económica, falta de empleo y debilidad institucional, es crucial actuar para evitar un aumento de la minería informal e ilegal, considerada actualmente como el delito que más dinero genera, superando incluso al narcotráfico, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).