“Necesitamos tres grandes instalaciones de fundición y refinería de productos minerales en el norte, centro y sur del Perú”, manifestó Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, como respuesta a las consultas del medio informativo Telesur sobre la posibilidad de brindar mayor valor agregado a las materias primas extraídas de los yacimientos.

Recordó que el más grande establecimiento de fundición y refinado de minerales en el Perú es el de Southern Copper en la provincia de Ilo, región Moquegua, el cual le permite producir cátodos de cobre de alta pureza; mientras que otras dos plantas de menor tamaño les pertenecen a las empresas Nexa y Minsur y se encuentran en Cajamarquilla (Lima) y Pisco (Ica).

“Gracias a una completa cadena de valor, el cobre peruano es extraído, procesado y transformado en algunos casos para su posterior utilización en la fabricación de vehículos, aparatos electrónicos y líneas de transmisión eléctrica; lo mismo sucede con los concentrados de zinc y estaños que se funden y refinan para su uso en las distintas industrias”, complementó.

Para el exviceministro de Minas, el cambio de la matriz energética será el factor principal que conllevará al incremento de la demanda de minerales, por lo que resulta un escenario propicio para invitar a las grandes empresas a poner en marcha centros de manufactura in situ que empleen los insumos minerales de origen nacional y mano de obra local altamente capacitada.

“Como Estado, necesitamos una política de incentivos que convenza a los principales fabricantes a asentar los grandes talleres en nuestro país y a cerrar las brechas en investigación científica y desarrollo tecnológico, tal como sucedió en México, donde empresas de Estados Unidos y Japón se posicionaron y lograron que el 80% de la producción nacional sea manufacturada”, aseveró.

En ese sentido, Rómulo Mucho se mostró a favor de la creación de una ley de promoción de la inversión industrial para que empresas extranjeras se instalen en el Puerto de Ilo y masifiquen el valor agregado de los metales previamente fundidos y refinados, e incluso recordó que existe una ley que exhorta a las empresas privadas a invertir en investigación y desarrollo tecnológico.

“Nos encontramos en el camino de adaptar y mejorar lo que hacen otros países mineros, como es el caso de Australia, donde se observa un progreso sobresaliente en el sector de compañías proveedoras, las cuales están creando bienes y servicios novedosos y de mayor valor añadido para atender los requerimientos de la minería y otros sectores productivos”, afirmó el ingeniero.

Ley General de Minería debe ser modernizada

De otro lado, el director del IIMP remarcó que la Ley General de Minería coadyuvó al crecimiento económico desde la década de 1990; no obstante, señaló que “ya tiene treinta años y cumplió su labor”, por lo que “debería ser modernizada”, con el fin de lograr que los recursos económicos de los sectores extractivos impacten de mejor manera en la calidad de vida de la población.

Finalmente, solicitó a las autoridades realizar un análisis más profundo de la propuesta de ley para la distribución directa del canon minero a las comunidades, y apoyarla solo si se demuestra que esta contribuye al cierre de brechas socioeconómicas, tenga incidencia en la disminución de conflictos sociales y facilite la mejor convivencia entre empresas mineras y comunidades.