Por: Roberto Maldonado, primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Hoy que nos encontramos en un contexto de elecciones en nuestro país, abordaremos uno de los temas que nos preocupa considerablemente como sector minero, pues afecta la calidad de vida de miles de peruanos en las distintas regiones.

Nos referimos a la gestión de los recursos transferidos por la industria minera al Estado para el cierre de brechas y la generación de oportunidades económicas para los peruanos. Hablamos específicamente del canon minero, que representa el 50% del Impuesto a la Renta.

Un estudio realizado recientemente por el Banco Mundial señala que solo seis regiones del país reciben más del 70% de las transferencias totales del canon minero, mientras que otras 14 acceden apenas al 3% de dicha suma.

Y ni qué decir si hablamos a nivel distrital, donde la diferencia es abrumadora, pues solo cuatro de las 1,842 municipalidades reciben más del 50% del monto total asignado a los gobiernos locales. Una disparidad terrible.

La ejecución es otro tema. Del 2009 al 2019, las empresas mineras transfirieron más de S/ 40 mil millones por conceptos de canon y regalías, pero solo el 65% fue ejecutado por los gobiernos regionales, lo cual nos dice que además de una inadecuada distribución, no se están cumpliendo las metas de ejecución del canon minero, y ello podría explicarse por una serie de temas como la ineficiencia en la gestión pública o muchas veces los actos de corrupción.

Por ello, consideramos que el próximo gobierno debe tener como prioridad corregir esta problemática para que la población que no está ligada a la minería pero que vive en el entorno, vea cambios y no diga erróneamente que las empresas mineras no pagan impuestos.

Al contrario, las compañías no solo dinamizan las economías regionales a través de generación de empleos, el impulso de otras actividades económicas o compras locales, sino también realizan un aporte importante en sectores estratégicos como la educación.

En estas últimas décadas, las empresas mineras han contribuido, por ejemplo, con la construcción de colegios, la implementación de proyectos educativos alineados con las políticas educativas o el otorgamiento de múltiples becas en las distintas regiones del país.

En resumen, podemos decir que hoy es más que necesario replantear el canon minero y darle un enfoque de desarrollo territorial, que garantice en el mediano y largo plazo tanto el progreso de las poblaciones como la permanencia de las inversiones en nuestro país, que nos ayudarán a recuperarnos de esta crisis.