Por: Dr. Miguel Cardozo, segundo vicepresidente Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El 24 de marzo pasado se publicó una encuesta de Pulso sobre la opinión de los peruanos ante la situación económica del país. En ella el 66% piensa que en la segunda mitad de este año la economía estará igual o mejor y un 22% que estará peor. El 58% tiene temor de perder su trabajo o negocio y el 22% no, pero el 19% está desocupado.

Se nota un optimismo moderado sobre lo que nos espera en el segundo semestre en términos económicos generales con el nuevo gobierno, pero temor de que más connacionales tengan problemas con sus ingresos si el manejo se sale de control.

En este contexto, 76% de los peruanos expresan su esperanza de que la minería sea un factor importante para el desarrollo económico. Ante la pregunta sobre si, considerando los crecientes precios del cobre en el mercado global, los encuestados piensan que el nuevo gobierno debe apoyar a la minería o no, solo el 18% se manifiesta en contra y el 76% dice que si se debe apoyarla.

Este respaldo a la minería es geográficamente transversal. El 80% de Lima y Callao, el 75% del norte del país, el 76% del centro y el 68% del sur están de acuerdo con que se debe apoyar al sector minero. Además, este resultado confirma el 83% de encuestados que consideró importante a la minería para el desarrollo nacional en una encuesta de Ipsos a mitad del año pasado.

Si vemos las proyecciones del sector minero para los siguientes 10 años, esta percepción mayoritaria de los peruanos está plenamente justificada.

Según el estudio que hemos hecho en el Instituto con el Centro de Competitividad y Desarrollo de la Universidad San Martin de Porres, con una cartera de inversión de US$ 56,000 millones, la minería tiene la capacidad para impulsar la economía nacional al tiempo que reforzar la caja fiscal y equilibrar las cuentas macroeconómicas; de duplicar los empleos vinculados al sector para beneficiar directa o indirectamente al 36% de la población nacional proyectada al 2030, incluyendo a los trabajadores y sus familias; para aportar S/ 80,000 millones a la caja del Estado y las regiones, y para disminuir al 15% el índice de la pobreza a nivel nacional.

Esto pone una enorme responsabilidad sobre el sector minero, pero también sobre los hombros de este y los próximos gobiernos y autoridades regionales y sobre los políticos que aspiran dirigir los destinos del país desde el Congreso y otras instancias.

El diálogo y la concertación son y serán el elemento fundamental para resolver las diferencias y avanzar como país. Las experiencias de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible y el Rimay han señalado el camino que debemos seguir para alcanzar el desarrollo.

El mundo y la minería global ya marcaron el rumbo a favor de los metales “verdes”, de mayores estándares en lo social, ambiental y gobernanza; de propiciar y proteger la sostenibilidad, equidad y diversidad, y de lograr el crecimiento de los activos mineros a través de mayor inversión en exploración, adquisición de activos e innovación tecnológica.

No podemos aceptar la posibilidad de otra década perdida en lo económico y lo social. Debemos estar preparados para afrontar este desafío, que en términos simples significará un mayor dinamismo de nuestra economía, más ingresos para el Estado peruano, mayor empleo, más salud y educación, más infraestructura y una oportunidad de emprender el desarrollo territorial de forma efectiva. En ello tenemos una enorme responsabilidad y los mineros estamos listos para asumirla con honestidad y firmeza.