Por Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a PERUMIN.

Un aspecto que se ha venido abordando desde la minería, y que incluso ha sido resaltado como una oportunidad por parte de las autoridades del Estado, es el desarrollo territorial. En efecto, una de las principales cualidades de la minería es su capacidad para generar cadenas de valor en torno a su ámbito geográfico. Ello a través de inversión, demanda de productos y servicios locales, empleo para la población, recursos fiscales y transferencias a través del canon y otros tributos, desarrollo de infraestructura para servicios básicos, entre otros aspectos que hacen viable y sostenible el progreso y el bienestar de la gente.

Si articulamos adecuadamente estas bondades de la minería en el país, con el desafío tecnológico y logístico que implica para las mineras instalarse en zonas altoandinas (donde hay poca presencia del Estado y un limitado acceso a servicios básicos), estamos ante una clara oportunidad para fomentar la descentralización e involucrar a nuestras comunidades en la ruta del desarrollo.

En el Perú hay casos exitosos de mineras que a través de su inyección económica, programas sociales y demanda productiva están generando mejores condiciones de vida para sus vecinos. Por ejemplo, el estudio “Beneficios generados por la minería en el sur del Perú”, presentado por el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), resalta el caso de la provincia de Cotabambas (Apurímac), que con el impacto de la minería redujo su tasa de pobreza de 87% en 2005 a 43.8% en 2018. Otro caso emblemático es Arequipa (provincia), donde la reducción de la pobreza pasó de 22% en 2007 a 6% en 2018.

Desde esa perspectiva, en aras de la descentralización e inclusión de más zonas altoandinas al camino del desarrollo, necesitamos que se ejecuten en el país más proyectos mineros de alto impacto social. Pero para ello, hay diversos desafíos que abordar a nivel de competitividad. Son más de $56,000 millones de inversión privada los que requiere la minería peruana para forjar su desarrollo en los próximos 10 años; y para atraer ese capital necesitamos generar confianza, políticas sólidas de desarrollo sectorial y territorial, un marco tributario competitivo, seguridad jurídica, entre otros aspectos.

Además de ello, está la necesidad de establecer reformas que fomenten una mejor distribución de los recursos generados por la industria minera en beneficio de las poblaciones vecinas. Hay ahí una deuda social reflejada en grandes brechas sociales, altos niveles de pobreza y conflictividad social.

Este esfuerzo, desde luego, involucra a diversos actores de la sociedad, que deben buscar puntos de encuentro y sinergias para trabajar coordinadamente, en beneficio del país. Por ello, es positivo que tanto autoridades del Estado como representantes de la industria minera tengan un primer espacio de encuentro público a través del evento central de Rumbo a PERUMIN – Edición del bicentenario, que se desarrollará en formato virtual del 20 al 24 de septiembre. Además, es importante que, para el análisis de las políticas y propuestas sectoriales, intervengan miembros de la academia y especialistas de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CEPLAN, etc. Ello contribuirá a tomar decisiones en base a conocimiento y experiencias exitosas en el mundo.

El Perú es un país rico en recursos minerales que hoy, con su alto precio en el mercado internacional y una demanda creciente (impulsada por el boom del desarrollo de tecnologías limpias) nos da una clara oportunidad para forjar nuestro desarrollo sostenible, superar la situación de crisis generada por la pandemia y, generar prosperidad para todos los peruanos.