Reveló estudio presentado por la Universidad Esan en el marco del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Las grandes empresas mineras tienden a resolver los conflictos sociales a través de los modelos de negociación multiactor, dejando de lado el enfoque paternalista, en el que las empresas aspiran a ser las protagonistas del desarrollo de las comunidades.

Así lo afirmó el Dr. César Sáenz, en el marco del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), basándose en un estudio realizado por la Universidad ESAN, que consideró las lecciones aprendidas de cuatros emprendimientos mineros en nuestro país.

El modelo multiactor plantea un trabajo articulado y participativo entre los distintos actores. “Hay una variedad de casos, pero existe la tendencia entre las grandes mineras de implementar el modelo multiactor, donde se invita a los gobiernos locales, provinciales y regionales a planificar el desarrollo de las comunidades”, dijo Sáenz.

Durante la presentación del estudio titulado “Gestión Estratégica de la Licencia Social para Operar”, el experto explicó que a raíz del análisis de casos de los proyectos Corani (Puno), Ollachea (Puno), Quellaveco (Moquegua) y Tintaya (Cusco) se lograron sistematizar lecciones aprendidas que podrían aportar a la solución de conflictos en otros proyectos u operaciones en el país.

“La gestión estratégica de la licencia social tiene varios componentes y en cada uno de estos existen lecciones aprendidas. En este estudio se analizan, por ejemplo, cuál es la situación de las relaciones de las empresas con las comunidades, cómo desearíamos que fuera esta relación y cuáles son las estrategias a aplicar”, apuntó.

Según el expositor, un conflicto social no solo afecta a las comunidades y empresas, sino también al país. “Las empresas pierden reputación, caen sus acciones y ponen en riesgo sus futuros proyectos. Hay un estudio de una empresa que perdía USD 20 millones por semana por el tema de paralizaciones”, mencionó.

En ese sentido, Sáenz precisó que existen algunos requisitos fundamentales para lograr la licencia social de un proyecto minero. Entre los más resaltantes figuran la generación de confianza y legitimidad en las comunidades, y la creación de valor compartido en las zonas de influencia.

Indicó que dentro de la generación de confianza, existen factores como el “poder relativo” que podrían detener las negociaciones entre las empresas y las comunidades.

“Cuando las comunidades sienten que no tienen poder en la negociación es muy difícil que otorguen su confianza porque sienten que su palabra no es respetada. Entonces la clave es empoderarlas”, agregó.

Del mismo modo, mencionó que cada vez más las empresas utilizan la estrategia de valor compartido, diseñada por el profesor de la Universidad de Harvard Michael Porter, que es una nueva forma de hacer negocios donde gana la empresa y la comunidad.

“Una evidencia clara en el Perú es la creación de planta de tratamiento de aguas residuales construida por Cerro Verde, en Arequipa, que mejoró la calidad del agua del río Chili y benefició tanto a la población como a la empresa”, apuntó.

Finalmente, el especialista refirió que dicho estudio propone a las empresas mineras optimizar sus estrategias de gestión social de manera integral. Es decir, no solo centrarse en los conflictos sociales o en las relaciones comunitarias, sino tener una mirada global que incluya el compromiso de las empresas y sus trabajadores.