Por: Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Para este 2020 se tiene previsto la puesta en marcha del proyecto minero Mina Justa, operado por Marcobre. Este emprendimiento de más de USD 1,600 millones de inversión no solo permitirá incrementar nuestra producción cuprífera en más de 100 mil toneladas de concentrados de cobre y 58 mil toneladas de cátodos de cobre, sino también brindará otros beneficios colaterales. 

Además de generar más de 1,000 empleos permanentes, le posibilitará al país, en especial a Ica, incrementar sus ingresos fiscales. Estos recursos económicos son el primer paso para empezar programas que vayan al mejoramiento de indicadores de desarrollo como salud y educación, y a la implementación de servicios de agua potable y saneamiento en la zona.

Debemos resaltar que el proyecto Mina Justa contempla también el uso de agua de mar en sus procesos. Ello garantizará el uso prioritario de este recurso en favor de las poblaciones del entorno, lo cual es una demostración de las buenas prácticas del sector minero, considerado un modelo en gestión hídrica.

De otro lado, esperamos que nos vaya mucho mejor en cuanto al avance de nuevos proyectos mineros. La visión optimista del Minem señala que este año seis emprendimientos iniciarán construcción, entre estos Yanacocha Sulfuros, de Compañía de Minas Buenaventura, el más relevante con más de USD 2,100 millones de inversión.

Cabe recordar que el 2019 se anunció el mismo número de proyectos para su construcción, pero por diversos motivos solo se llegó a concretar un emprendimiento con un valor aproximado de 100 millones. Aun así, se logró alcanzar los USD 6,157 millones, gracias al aporte de Quellaveco, Mina Justa y Ampliación Toromocho.

Estos tres proyectos, los cuales van culminando su construcción, representaron el 40% de la inversión minera en el 2019. Este año aún genera incertidumbre. Vemos también que no se avizoran nuevos proyectos de gran envergadura, que son los que finalmente despliegan mayores inversiones y causan mayor impacto en nuestra economía.

En ese sentido, esperamos un mayor respaldo del Estado, el cual debe brindar señales claras para apoyar el avance de nuestra cartera de proyectos mineros, tanto en fase de construcción como de exploración. En estos últimos consideramos que no debería haber consulta previa.

Debe entenderse que la fase exploración es una actividad de bajo impacto ambiental y que incluso podría crear falsas esperanzas en las poblaciones del entorno. Por ello los requisitos que se le exigen deberían ser distintos a los de la etapa de explotación, donde ya existe una real certeza de que existe un yacimiento.