Lima, 14 de agosto de 2023. “Promover el avance de proyectos brownfield desde el gobierno será sumamente importante no solo para incrementar nuestra producción minera, sino, sobre todo, para reactivar nuestra economía en el corto plazo y poder mantener la transferencia de recursos a las regiones”, afirmó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en la columna del Semáforo Minero.

En dicha columna, comentó también la reciente aprobación por parte de Senace a la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Inmaculada, con lo cual Hochschild podrá avanzar su proyecto Reposición Inmaculada que extenderá la vida útil de la mina hasta 2041 y contempla un inversión de US$ 4,436 millones, entre capex y opex.

Ortiz consideró que los proyectos brownfield como este, que se emprenden a partir de una mina en operación, deberían obtener sus permisos más rápido ya que se desarrollan en la misma huella operativa, representan menores riesgos y una oportunidad de retorno de inversión más próxima.

“Ahí tenemos proyectos como Reposición Antamina (Áncash), Ampliación Toromocho (Junín), Integración Coroccohuayco (Cusco) o el mismo Chalcobamba (Apurímac), que tranquilamente nos podrían ayudar a conseguir dicho objetivo. Es algo que debemos considerar, en paralelo con el esfuerzo de sacar adelante los proyectos de gran dimensión”, indicó.

Asimismo, señaló que para potenciar el atractivo del país para las inversiones mineras es necesario agilizar los procesos de obtención de permisos. Sin duda, el país requiere inyectar la mayor cantidad de capitales a su economía.

Por otro lado, el vicepresidente del IIMP hizo un llamado al gobierno para atender la grave situación que se viene dando en el distrito de Pataz, sierra de La Libertad, donde la delincuencia viene afectando a la población y a operaciones mineras como Poderosa, una de las principales productoras de oro del país.

“Dicha empresa informó que debido a frecuentes ataques de delincuentes ligados a la minería ilegal y organizaciones de procedencia extranjera, redujo su producción de oro en 60% en julio en comparación al mes anterior. Lo más lamentable es que estos hechos han costado la pérdida de siete trabajadores”, apuntó.

En ese sentido, enfatizó su mensaje final: “Instamos al Estado peruano a tomar una actitud más firme para resolver esta problemática. Sería importante, por lo pronto, iniciar las coordinaciones para contar desde ya con una dependencia policial en la zona, que trabaje de la mano con el Ministerio Público, para poder neutralizar rápidamente a estas bandas”.