Por: Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Aunque parezca paradójico, pese a las protestas que se registran en el sur del país en torno a operaciones y proyectos mineros, según la última encuesta de Datum Internacional, el 55% de peruanos se mostró a favor de la industria extractiva, una cifra superior al 52% que se registró en agosto y mayor al 43% que se observó en febrero último.

Esta evolución positiva, es una muestra que más allá de los hechos que se reportan desde fines de 2018 en el corredor minero del sur, la población reconoce el aporte del sector minero no solo a nivel macroeconómico sino también en el día a día de las actividades indirectas relacionadas con el desarrollo de las operaciones y proyectos.

Prueba de ello, es el reciente pronunciamiento de la Asociación de Hospedajes, Lavanderías, Restaurantes, Transporte, entre otros servicios, del distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Contabambas (Apurímac), en el área de influencia de la mina Las Bambas, que ha solicitado que el conflicto en esa zona se resuelva a la brevedad.

Esto en virtud, a que la paralización de esta importante unidad minera afectaría directamente a la generación de ingresos de estos pequeños empresarios, en la medida que los servicios que ofrecen dependen del normal funcionamiento de esta operación, lo que redunda en el bienestar de sus familias. 

Según las estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) por cada empleo formal en minería se generan 6.25 trabajos indirectos, es decir, si en la actualidad existen cerca de 207,000 mineros en las diferentes operaciones, estamos hablando de alrededor de un millón 300 mil peruanos, cuyos ingresos están relacionados con la actividad minera. 

En ese marco, si bien es positiva la noticia que el 55% de peruanos tiene una percepción positiva de la minería, queda mucho por trabajar con el fin que este indicador aumente y más peruanos tomen real conocimiento de la importancia de la actividad minera en la economía, y la tecnología e innovación que aplica para minimizar su impacto en el medio ambiente, reducir su consumo de agua y tener operaciones más seguras, todo lo que redundará en una disminución de los conflictos.

De otra parte, es saludable la reciente decisión de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, en el sentido de atender por separado la situación de la mina Cobriza y el complejo metalúrgico de La Oroya, ya que se trata de realidades completamente distintas. En ese sentido, queda hacer una labor muy fina para encontrar la mejor alternativa para La Oroya, que beneficie al país y, en especial, a los trabajadores directos e indirectos que han encontrado un sustento en el desarrollo de esas operaciones.