Por: Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Como gremio nos gratifica enormemente saber que Mina Justa, uno de los proyectos mineros que viene dinamizando nuestra economía este 2019, ya cuenta con un 20% de avance en su construcción, de acuerdo a la programación estimada por la empresa Minsur, que también contempla otras inversiones como B2 para este año.

El diseño de Mina Justa, que tendrá una vida útil de 16 años, representa una inversión de más de US$ 1,600 millones, y no solo permitirá incrementar nuestra producción cuprífera en 102,000 TMF de concentrados, sino también le posibilitará al país, en especial a Ica, incrementar sus ingresos fiscales.

Con el acceso a estos recursos se aspira principalmente al mejoramiento de indicadores de desarrollo como salud y educación, así como la implementación de servicios de agua potable y saneamiento en la zona, tan necesarios y urgentes para muchos peruanos.

Debemos resaltar que el proyecto Mina Justa contempla la utilización de agua de mar en sus procesos que garantizará el uso prioritario del agua de las poblaciones del entorno, lo cual forma parte de las buenas prácticas del sector minero, considerado un modelo en gestión hídrica.

Esto también será replicado en el proyecto Tía María, donde el agua está garantizada para el valle de Tambo. Un mensaje que deberá ser reforzado por todos los actores a favor de la inversión en el país, especialmente por el Gobierno, cuyo acompañamiento resulta indispensable en este último tramo.

En teoría este proyecto de gran envergadura debería entrar en producción en el 2022.  Este año se anunció su construcción, sin embargo, sabemos que existe el riesgo que pierda su certificación ambiental sino se toman las acciones pertinentes. Ello significaría realmente un enorme daño para el país.

Consideramos que ya es tiempo de afrontar decididamente estos conflictos sociales y resolverlos para asegurar el avance de los proyectos y operaciones. Lograr el permiso de construcción de Tía María ayudaría mucho a mejorar el clima de las inversiones en nuestro país, pero sobre todo brindaría una clara señal para el mercado internacional.

En este momento, precisamente enfrentamos un conflicto social, que tiene más de 50 días, en Las Bambas, cuya producción representa el 1% del PBI. Está claro que este problema no se resolverá a través de acuerdos bilaterales entre la empresa y las comunidades, sino que es necesaria, hoy más que nunca, la presencia del Estado.