Afirman que puede ser un obstáculo para desarrollar cualquier emprendimiento o proyecto en el país.

El próximo 27 de setiembre se cumplirán dos años de la suscripción del Acuerdo de Escazú de parte del Ministerio del Ambiente (Minam) del Perú. La exministra Fabiola Muñóz, en el 2018, suscribió el convenio sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Pero el acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso de la República para que entre en vigencia, sin embargo, su debate viene generado múltiples opiniones.

Para el abogado y constitucionalista Ángel Delgado Silva su aprobación traerá consecuencias desfavorables para el desarrollo del país, pero lo más cuestionable es que echaría por tierra la legislación ambiental trabajada durante varias décadas. Recordó que hace poco se cumplieron 30 años de la implementación del Código del Medio Ambiente, la primera norma referida a la protección de los recursos naturales en el país.  

“Luego vino la suscripción de la Declaración de Río en 1992, pero a partir de 1990 el Perú se ha ido dotando de una legislación sumamente importante y de vanguardia en materia medio ambiental que la colocó entre los primeros países del mundo. Tenemos la Ley General del Ambiente, que es muy amplia, y partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) se creó el Ministerio del Ambiente y un organismo de fiscalización (OEFA), además existe la Ley de Transparencia y de Consulta Previa. Por eso considero que Escazú marca una ruptura y deja de lado el derecho peruano ¿Si ya tenemos legislación reconocida internacionalmente, por qué tenemos que adoptar otras?”, cuestionó Delgado.

Precisó que los derechos de información y participación fueron desnaturalizados con el acuerdo y se convierten en un obstáculo para llevar a cabo cualquier emprendimiento o proyecto de desarrollo ligado a los recursos naturales. “Se dijo que solo vinculaba a la Amazonía, pero abarca a todo el Perú respecto a la explotación de recursos mineros, al uso de fuentes de agua, incluso al mar porque el convenio establece regulaciones que pueden no convenir al interés nacional”, apuntó.

Indicó que además podría derogar la Ley de Consulta Previa, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permitía a los pueblos naturales recurrir a ese derecho. “Pero lo deja de lado y no es necesario ser de un pueblo originario para oponerse a un proyecto que se desarrolle en cualquier parte del país, eso le permite a cualquiera, como las ONG, frenar las inversiones”, sostuvo y agregó que lo preocupante de la apertura a la información y participación es que generen conflictos y posteriores demandas judiciales que terminarán por afectar las inversiones.

Para el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, el acuerdo no resuelve ningún problema de fondo y tampoco resulta equitativo, por el contrario considera que somete al país y minimiza la normativa nacional. Gálvez destacó que a la fecha ninguno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) suscribió el acuerdo, principalmente aquellos con los que compite el Perú en América Latina como México, Chile y Colombia. 

“Solo lo ratificaron Antigua y Barbados, Bolivia, El Salvador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas que tienen condiciones completamente distinta al Perú que sí depende de sus recursos naturales y actualmente tiene mucho potencial”, remarcó.

Por su parte, el abogado especialista en temas mineros Hans Flury, refiere que Escazú resulta conveniente para muy pocos y que no debería ser promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Si se fusionan las palabras medio ambiente y derechos humanos pareciera que nadie puede oponerse a una cosa así, afortunadamente nuestra legislación evidencia que siempre importó el medio ambiente y la participación ciudadana, pero las ONG llevaron a la CEPAL para darle peso a esta aprobación que tiene una suerte de democracia al revés donde los pequeñitos quieren imponerse a los demás”, dijo.

Además, mostró su preocupación ya que su la ratificación del acuerdo sería ‘fatal’ para el Perú y para toda inversión. “Sería difícil que el congreso rechace su aprobación o ponga condiciones a esta ratificación que ocasionaría muchos problemas”, lamentó Flury.

“Nuestra historia demostró que la actividad minera no siempre se realizó de manera adecuada y terminó en conflictos sociales, tal vez Escazú sea ese instrumento para fijar estándares de calidad ambiental que permitan desarrollar una actividad con paz social. Parece que existe mucho temor del sector empresarial por las trabas que se pone en riesgo sus inversiones, pero la responsabilidad no siempre es de las ONG, a veces la propia empresa privada lo genera”, señaló el periodista Jorge Turpo.